Estructuración del delito prevaricato por acción.

1. HECHOS RELEVANTES:

• • El procesado era juez municipal que, en ejercicio de sus funciones, emitió una decisión considerada contraria a derecho.
  • La Fiscalía lo acusó por el delito de prevaricato por acción (art. 413 C.P.), es decir, por proferir resolución manifiestamente contraria a la ley.
  • La defensa alegó que la decisión se basó en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, aunque posteriormente se considerara errada.

2. PROBLEMA JURÍDICO:

• ¿En qué condiciones se configura el delito de prevaricato por acción y cuáles son los elementos que debe demostrar la Fiscalía para acreditar que una decisión judicial es manifiestamente contraria a derecho?

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Tipicidad del prevaricato por acción:

• • • Requiere:
      • Que el sujeto activo sea servidor público.
      • Que emita un acto de carácter resolutivo en ejercicio de su función.
      • Que dicho acto sea manifiestamente contrario a la ley.
    • La contrariedad debe ser:
      • Evidente.
      • Ostensible.
      • Grosera.
      • No resultado de un simple error de interpretación.

Diferencia entre error judicial y prevaricato:

• • • Un error judicial puede corregirse por recursos o nulidades.
    • El prevaricato exige dolo: conocimiento de que la decisión es ilegal y voluntad de apartarse del ordenamiento.
    • Se protege la independencia judicial, evitando criminalizar decisiones controvertibles.

Elemento subjetivo (dolo):

• • • El juez debe actuar con conciencia y voluntad de contrariar la ley.
    • No basta la discrepancia doctrinal o jurisprudencial.

Carga de la Fiscalía:

• • • Debe probar más allá de duda razonable que la decisión no era producto de interpretación sino de arbitrariedad consciente.
    • La sola ilegalidad de la decisión no prueba el prevaricato.

Estándar de valoración:

• • • La Corte reiteró que el examen debe centrarse en si la resolución es insostenible desde cualquier perspectiva jurídica razonable.
    • Si existe una mínima argumentación jurídica defendible, no hay prevaricato.

4. DECISIÓN:

• • • La Corte absolvió al juez acusado, concluyendo que la decisión cuestionada podía ser errónea, pero no era manifiestamente contraria a derecho.
    • Se reafirmó la doctrina de que el derecho penal es ultima ratio frente a decisiones judiciales, que deben resolverse preferentemente en sede disciplinaria o por la vía de recursos ordinarios.

5. RELEVANCIA JURÍDICA:

• • • Protección de la independencia judicial: evita la criminalización de interpretaciones jurídicas discutibles.
    • Clarificación del tipo penal: exige contrariedad ostensible, no simples errores.
    • Carga probatoria reforzada para la Fiscalía: debe demostrar dolo y arbitrariedad.
    • Doctrina reiterada: confirma precedentes como CSJ SP-4540/2014 y SP-1816/2020 sobre la naturaleza del prevaricato.

6. CONCLUSIÓN:

La SP1818-2025 delimita el alcance del prevaricato por acción, recordando que no toda ilegalidad judicial es delito, solo lo es cuando el funcionario actúa con conciencia y voluntad de dictar una decisión abiertamente contraria a derecho, garantizando un equilibrio entre la lucha contra la corrupción judicial y la independencia de los jueces.