Preacuerdos y prisión domiciliaria

1. HECHOS RELEVANTES:

• El procesado Fabio Augusto Martínez Lugo, ex Fiscal 5º Delegado, fue acusado por prevaricato por acción al proferir en 2015 una resolución manifiestamente contraria a la ley (negó nulidad y precluyó investigación sin notificar a todos los procesados).
• En etapa preparatoria, la defensa y la Fiscalía suscribieron un preacuerdo, así:
  • • Reconocimiento de responsabilidad.
    • Pena de 32 meses de prisión, multa de 50 SMMLV e inhabilidad de 54 meses.
    • Reglas claras: no procedían subrogados ni prisión domiciliaria por prohibición del art. 68A CP.
• El Tribunal Superior de Bogotá aprobó el preacuerdo y profirió condena.
• La defensa apeló únicamente la negativa a conceder prisión domiciliaria, alegando que el procesado ya la gozaba en otro proceso y la cumplía correctamente.

2. PROBLEMA JURÍDICO:

¿Podía el Tribunal ordenar que el procesado cumpliera la pena en establecimiento carcelario pese a estar en prisión domiciliaria por otra condena, o debía permitir que siguiera cumpliéndola en su domicilio y dejar al juez de ejecución de penas la acumulación?

3. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

a) Sobre los preacuerdos:

• Los preacuerdos son obligatorios para el juez de conocimiento una vez aprobados (art. 351 CPP), salvo que desconozcan garantías fundamentales.
• El beneficio acordado es único y exclusivo (rebaja punitiva), no acumulable con otros subrogados (arts. 348-352 CPP).

b) Sobre la prisión domiciliaria:

• Está regulada en el art. 38B y 68A del Código Penal.
• Requisitos objetivos:
  • Pena mínima ≤ 8 años.
  • Arraigo social y familiar.
  • No estar incurso en las causales de prohibición del art. 68A CP.

• Prohibiciones (art. 68A): excluye la domiciliaria en delitos dolosos contra la administración pública (como el prevaricato por acción).

c) Momento procesal para decidir:

• El análisis de sustitutos se hace en la sentencia condenatoria, no en etapa de ejecución.
• El juez de conocimiento debe verificar los requisitos en ese proceso concreto, sin importar beneficios otorgados en otras condenas.

d) Caso concreto:

• El delito por el cual fue condenado está expresamente enlistado en el art. 68A CP, prohibición legal de prisión domiciliaria.
• El hecho de que en otro proceso gozara de domiciliaria no incide en la decisión actual.
• La acumulación de penas corresponde al juez de ejecución de penas, pero ello no habilita a modificar la prohibición legal en este proceso.

4. DECISIÓN:

• La Corte confirmó la sentencia de primera instancia en lo apelado.
• Ratificó que el procesado no puede acceder a prisión domiciliaria en este proceso, aunque esté cumpliendo otra condena en el mismo régimen.

5. RELEVANCIA JURÍDICA:

• Reitera que los preacuerdos vinculan al juez y que sus beneficios son limitados a lo expresamente pactado.
• Establece que el juez de conocimiento es quien define la procedencia de sustitutos, no el juez de ejecución.
• Refuerza la aplicación estricta del art. 68A CP: prohibición de domiciliaria para delitos dolosos contra la administración pública.
• Marca límites claros: el cumplimiento correcto de una pena en prisión domiciliaria en otro proceso no habilita automáticamente a mantener el mismo régimen en una nueva condena.

6. CONCLUSIÓN:

La sentencia consolida la doctrina según la cual:

• Los preacuerdos no pueden ampliar beneficios no permitidos por la ley.
• La prisión domiciliaria está restringida por prohibiciones legales absolutas (delitos contra la administración pública).
• La acumulación de penas es un trámite de ejecución, pero no puede usarse para burlar las restricciones legales de sustitutos.