Reforma a la ley procesal penal.

1. OBJETIVO DE LA REFORMA:

• Reducir la congestión judicial.
• Asegurar decisiones más rápidas y eficaces.
• Fortalecer los fines del sistema penal acusatorio.
• Potenciar los mecanismos de terminación anticipada, sin sacrificar derechos de las víctimas a reparación y debido proceso.

2. CAMBIOS MÁS RELEVANTES:

a) Extinción de la acción penal (arts. 77 y 78A):

• Se amplía la extinción por reparación integral en varios delitos (homicidio culposo, lesiones culposas, algunas lesiones dolosas, inasistencia alimentaria, delitos contra el patrimonio económico, entre otros).
• Permite que cualquier imputado extinga la acción si repara a la víctima.
• Establece control sobre la repetición: no podrá usarse más de una vez en 5 años.
• La Fiscalía debe llevar un registro nacional de quienes se beneficien.

b) Prueba anticipada (art. 284):

• Se amplía su alcance a delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar y género.
• Se permite conservar pruebas en casos de riesgo para testigos (amenazas, extradiciones, grupos armados).
• Se restringe la repetición de pruebas en juicio para evitar revictimización.

c) Medidas de aseguramiento y libertad (art. 317):

• Se fijan términos estrictos para presentación de acusación y desarrollo del juicio.
• La libertad procede si se exceden plazos (60, 120, 150 días) salvo maniobras dilatorias del acusado o fuerza mayor.
• Para casos complejos (corrupción, criminalidad organizada, feminicidio) los términos se amplían.

d) Principio de oportunidad (arts. 323 y 324):

• Se refuerza como mecanismo de descongestión.
• Se amplían causales, incluyendo colaboración eficaz, testigos de cargo, reparación integral, y casos de mínima significación.
• Se restringe en delitos graves (terrorismo, lesa humanidad, violencia contra menores).
• La duración de compromisos asumidos no puede exceder 1 año (prorrogable por otro).
• Se aclara que requiere siempre control de legalidad judicial.

e) Preclusión (arts. 331 y 332):

• El fiscal podrá solicitarla en cualquier momento si sobreviene una causal.
• Ahora también puede pedirse durante el juicio por fiscal, defensa o Ministerio Público.

f) Efectos sobre prescripción (art. 86 CP):

• La aplicación del principio de oportunidad suspende la prescripción hasta por 3 años.

g) Beneficios penales y preacuerdos (art. 26 Ley 1121/2006):

• Para delitos graves (terrorismo, secuestro, extorsión), no habrá subrogados ni domiciliaria.
• Solo se permite rebaja de pena de hasta la mitad mediante preacuerdos o allanamiento.

3. IMPACTOS PRÁCTICOS:

Positivos:

• Refuerza la justicia restaurativa al dar más peso a la reparación integral.
• Promueve salidas rápidas y útiles en delitos de baja lesividad.
• Mejora la protección a víctimas de violencia sexual y de género evitando revictimización.
• Da mayor seguridad procesal con plazos estrictos para acusación y juicio.

Riesgos y críticas:

• El uso amplio de reparación integral puede generar riesgo de impunidad en delitos patrimoniales o de lesiones, si se convierte en “pague y extinga”.
• Los plazos procesales pueden ser difíciles de cumplir en despachos congestionados, lo que puede llevar a excarcelaciones masivas.
• La ampliación del principio de oportunidad, aunque controlada, sigue dependiendo de la discrecionalidad fiscal.

4. CONCLUSIÓN:

La Ley 2477 de 2025 busca un balance entre eficiencia procesal y protección de derechos:

• Refuerza mecanismos alternativos (reparación, principio de oportunidad, preacuerdos).
• Endurece plazos y controles para garantizar celeridad.
• Reafirma el principio pro víctima, sobre todo en violencia sexual, intrafamiliar y casos de menores.
• Sin embargo, exigirá vigilancia para evitar que los beneficios se conviertan en vías de escape indebidas para responsables de delitos de mediana gravedad.